El 11 de junio, La Nación publicó un reportaje de Esteban
Mata acerca de la presentación de un plan en la Asamblea Legislativa
para cambiar la celebración de la Fiesta de la Independencia del 15 de
septiembre al 29 de octubre. También apareció una entrevista que Mata
hizo al dramaturgo y profesor universitario Miguel Rojas, quien es
identificado como “investigador en Historia” y quien hace varias
valoraciones sobre lo que es la labor del historiador, la forma en que
se construye el conocimiento histórico y el papel que tienen y han
tenido los historiadores e historiadoras costarricenses (especialmente
la llamada “nueva historia”) en la investigación sobre el pasado.
Rojas
indica que los “documentos históricos acreditan el 29 de octubre de
1821 con un acta nuestra, propia, con acciones sociales nuestras”. Esta
visión de “los documentos”, propia de un simplismo positivista, tiene
problemas metodológicos y de forma en la manera en que Rojas la utiliza
para acuerpar su proyecto. Los documentos históricos, por sí mismos, no
“hablan”, sino que el investigador del pasado los hace hablar. A partir
de ahí, y con base en diferentes estrategias metodológicas, los
investigadores del pasado construyen respuestas a sus problemas de
investigación.
Además, en este caso en específico es
extraña la manera en que Rojas, con contundencia, indica que existen
documentos históricos (léase fuente primarias, no interpretaciones) que
aseguran que el 29 de octubre es un “acta nuestra”. Rojas debe revelar
esos documentos producidos por las personas que vivieron el proceso de
independencia, en los que certifican tal cosa. Es raro que –hasta donde
conocemos– nunca entre 1821 y 1848 (es decir, durante buena parte de la
vida de la generación de políticos que vivió los acontecimientos de
1821) se certificara en algún documento regulatorio de las fiestas que
el 29 de octubre debía ser celebrado o que era la fecha de la
independencia, como sí, por ejemplo, se habló de celebrar el 14 y 15 de
septiembre, el 22 de noviembre y el 1 de diciembre.
¿Por
qué procedieron así? Si Rojas logra mostrar que el 29 de octubre
también se incluyó en esa lista por parte de los contemporáneos del
proceso de independencia, sería un gran hallazgo que deberíamos
reconocerle.
Varios niveles de análisis.
En
reiteradas oportunidades hemos discutido con Rojas sobre el largo
proceso que pasó el 15 de septiembre para ser construido como fiesta
nacional desde la década de 1820. También hemos insistido en el hecho de
que debe tomar en cuenta que en este proceso intervienen, al menos,
tres niveles. Primero, el de la historicidad de los fenómenos/hechos
sociales, es decir el del contexto, los actores y los hechos relevantes
para comprenden la construcción social de esta fiesta nacional. Segundo,
el de la historización de los fenómenos/hechos sociales; en este
sentido, lo que interesa es la reconstrucción de los procesos, y no
solamente el hecho y su ubicación temporal. Y, tercero, el nivel de la
construcción social de la memoria; aquí se recuperan los hechos, por
parte de diferentes grupos y se reconstituyen en función de sus
intereses.
Al afirmar que la celebración del 15 de
septiembre es “un yerro histórico que no se ha corregido porque no se ha
realizado una revisión de la historia oficial” y que “la historia no se
puede dejar en manos de los historiadores”, Rojas parece desconocer el
trabajo que ha hecho la historiografía costarricense en los últimos
cuarenta años y desacredita de plano la autoridad de esos historiadores e
historiadoras para hablar de historia.
Como en el
siglo XIX, Rojas apela a una visión del pasado que descuida las
herramientas críticas de la historia y se concentra en citar documentos
que supuestamente leídos de forma objetiva revelan la verdad
nacionalista que él acuerpa. Pero dicha lectura de los documentos se
puede convertir en interesada; Ernst Renan lo dijo bien: “el olvido,
también el error histórico, son factores esenciales para la creación de
una nación, y es por eso que el progreso de los estudios históricos es a
menudo un peligro para la nacionalidad”.
Si ha habido
una disciplina que se transformó después de 1970 en Costa Rica
enfrentando discursos oficiales del pasado, que cuestionó los mitos del
país, que ha producido intensamente, que ha construido nuevas visiones
de conocimiento del pasado, que ha revolucionado metodologías y formas
de lectura de las fuentes y que ha dado herramientas para evaluar la
sociedad contemporánea, esa es la “nueva historia” costarricense. Y eso
difiere completamente de lo afirmado por Rojas en su entrevista.
Estamos de acuerdo en que un gran error en la educación
de este país es precisamente el haber dejado de lado la historia crítica
que sí producen los historiadores y las historiadoras, camino que ha
llevado a que se transmita una historia centrada en el acontecimiento,
con un sesgo memorístico, que no contribuye mucho a la construcción de
ciudadanos y ciudadanas pensantes y críticos. Por eso un proyecto
fundamental del Ministerio de Educación debería ser llevar a la
educación primaria y secundaria la historia producida en los últimos
cuarenta años por varias generaciones de historiadores e historiadoras
que han cambiado completamente la interpretación del pasado
costarricense.
Ya habrá ocasión de referirnos
directamente al sustento histórico que apoya o deslegitima este proyecto
de cambio de ley, pero hay muchísimas bases sólidas elaboradas por
dichos historiadores, que deben ser conocidos y reconocidos y no
simplemente desechados sin ningún criterio de validez.
David Díaz Arias. Director Posgrado en Historia, UCR
Ronny Viales Hurtado. Director Escuela de Historia, UCR
Juan José Marín. Director Centro de Investigaciones Históricas de América Central, UCR
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